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Arbitraje
Sala Constitucional declaró que los casos de arrendamiento comercial pueden ser resueltos en arbitraje
 

Mediante sentencia N° 702 de fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta De Merchán, determinó conforme a derecho el control difuso realizado al literal “j” del artículo 41 por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas en un caso de desalojo regido por el vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

En ese sentido, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, en el caso CA01-A-2016-00000, desaplicó por vía de control difuso literal “j” del artículo 41 de la mencionada ley, toda vez que la misma dispone: «En los inmuebles regidos por este Decreto ley queda taxativamente prohibido […] / j. El arbitraje privado para resolver los conflictos surgidos entre arrendador y arrendatario con motivo de la relación arrendaticia». El centro de arbitraje en su laudo indicó que la referida norma era inconstitucional en el caso planteado, toda vez que una interpretación de los artículos 253 y 258 de la Constitución permitía la utilización del arbitraje como un medio legítimo para dirimir controversias, incluyendo a las que se susciten en materia arrendaticia.

Al respecto, la Sala indicó:

«[…] ha de considerarse que aún cuando los tribunales arbitrales no forman parte del poder judicial, la actividad que desarrollan los árbitros es auténtica función jurisdiccional, dirimente de conflictos intersubjetivos de intereses mediante una decisión obligatoria denominada laudo, que pone fin a la disputa surgida entre las partes con todos los efectos de la cosa juzgada.

…Omissis…

De allí que los árbitros tengan la obligación de privilegiar la vigencia del Texto Fundamental, sobre cualquier otra disposición cuya aplicación pudiera lesionar su supremacía, lo que incluye, claro está, el deber de ceñirse a los criterios vinculantes sentados por esta Sala, tal como ocurrió en el presente caso, respecto de las sentencias números 192/2008; 1.541/2008 y 1.067/2010.

…Omissis…

A modo de conclusión, resulta de aplicación extensiva a los árbitros el deber que tienen los jueces de asegurar la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna y en la ley, mediante el ejercicio del control difuso siempre que consideren que una norma jurídica de cualquier categoría (legal, sublegal), colidiere o es incompatible con alguna disposición constitucional, debiendo aplicar ésta con preferencia (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)».

Asimismo, en el indicado fallo la Sala expuso que también esta posee la facultad de revisar la constitucionalidad de los laudos arbitrales, en razón de lo contemplado en el ordinal 10° del artículo 336 constitucional, pues con el criterio aquí sentado «debe interpretarse que ello comprende también la revisión de aquellos laudos arbitrales definitivamente firmes en los que se hubiere desaplicado por control difuso alguna norma jurídica».

Por último, la Sala inició de oficio el control concentrado de la constitucionalidad del literal “j” del artículo 41 por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas en un caso de desalojo regido por el vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Ver texto íntegro de la sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/301753-0702-181018-2018-17-0126.HTML




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