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Derecho Tributario
SPA decretó la nulidad de todas las actuciones contenidas en el expediente nº 02-2335 de la CPCA que declaró con lugar un amparo cautelar contra la providencia nº SNAT/2002/1419 del SENIAT en la que se designó a los contribuyentes esp. agentes ret..
 
El 21 de abril de 2004, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, revocó todas las actuaciones de la sentencia N° 2003-04 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (CPCA) de 18 de diciembre de 2002 y publicada en 15 de enero de 2003, recaída en el expediente N° 02-2535, que declaró "Con Lugar" el amparo cautelar contra el acto administrativo contenido en la Providencia N° SNAT/2002/1419 dictada por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario en fecha 15 de noviembre de 2002, por medio de la cual se designan a los contribuyentes especiales como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado.
 
Con base en lo anterior, la Sala ratificó su competencia para conocer de los actos de efectos generales emanados del SENIAT; en tal sentido, observó lo siguiente:
 
 
"...sobre el referido particular debe esta Sala señalar que mediante su decisión N° 949 del 25 de junio de 2003, caso VICSON, S.A., (...), dictada con ocasión de la admisión del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar innominada, que fuera ejercido ante esta Sala Político-Administrativa contra las Providencias Administrativas Nos. SNAT/2002/1418, SNAT/2002/1419, SNAT/2002/1454 y SNAT/2002/1455, emanadas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), (...), por medio de las cuales se designan como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los Entes Públicos Nacionales y a los denominados Contribuyentes Especiales, la misma declaró su competencia natural para conocer de dicho recurso de nulidad, amparo cautelar y medida cautelar innominada, vistas la naturaleza, efectos y el órgano del cual emanan los citados actos administrativos.
(omissis)
 
"En consecuencia, esta Sala Político-Administrativa en los citados fallos, concluyó que siendo la máxima instancia de la jurisdicción contencioso-tributaria y estándole atribuida la competencia para conocer de los recursos administrativos que se ejerzan, tanto por razones de inconstitucionalidad como de ilegalidad, contra actos administrativos de efectos generales, sin lugar a dudas correspondía a ella la competencia para conocer de los recursos de nulidad ejercidos conjuntamente con amparo cautelar y medida innominada contra las referidas Providencias Administrativas Nos. SNAT/2002/1418, SNAT/2002/1419, SNAT/2002/1454 y SNAT/2002/1455, conforme a la norma atributiva de competencia residual contenida en el numeral 11 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, declarando así su competencia natural para conocer y decidir las acciones y recursos propuestos contra dichos actos"(destacado nuestro).
 
 
Así, la Sala afirmó su competencia exclusiva y excluyente ante cualquier otro tribunal, para conocer y resolver controversias suscitadas respecto de la constitucionalidad y legalidad de los actos señalados emanados del SENIAT. Por ello, se declaró competente para conocer y decidir de la causa contenida en el expediente N° 02-2535 de la CPCA. En tal sentido la Sala expuso:
 
 
"Derivado de lo anterior, y no obstante esta Sala haber declarado su competencia para conocer y decidir la causa contenida en el citado expediente N° 02-2535, se colige con meridiana claridad que la solicitud de avocamiento y por consiguiente de medida cautelar de suspensión de efectos formuladas por los representantes (...) de la República, en la causa que cursa en el expediente (...), contentivo del recurso de nulidad con acción de amparo y medida cautelar innominada contra la supra citada Providencia Administrativa SNAT/2002/1419, resulta a todas luces improcedente, por lo cual resulta inoficioso a esta Sala pronunciarse respecto de las demás alegaciones expuestas al efecto por la representación fiscal. Así se decide". (destacado nuestro).
 
Ahora bien, asumida la competencia de la Sala Político Administrativa, en consideración a las actuaciones contenidas en el expediente N° 02-2535 de la CPCA, la Sala declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones procesales contenidas en ese expediente, en los siguientes términos:
 
"En este contexto, siendo dicha Corte Primera de lo Contencioso Administrativo un órgano jurisdiccional carente de toda competencia para conocer de los aludidos actos administrativos emanados del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y por consiguiente, estándole vedada posibilidad alguna de conocer cualquier tipo de acción o recurso contra los mismos, visto que tal como se ha indicado a lo largo de este fallo, dicha posibilidad es competencia exclusiva y excluyente de esta Sala Político-Administrativa, como máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, y siendo asimismo, la competencia de orden público, resulta imperativo a ésta proceder a declarar, de conformidad con los artículos 206 y 209 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad absoluta de todas las actuaciones procesales cumplidas en el expediente N° 02-2535 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dentro de las cuales destacan la decisión dictada el 18 de diciembre de 2002 que declaró "Con Lugar" el amparo cautelar solicitado por la sociedad mercantil Cervecería Polar Los Cortijos, C.A., así como la aclaratoria de dicha sentencia de fecha 19 de febrero de 2003; ello así en virtud, de la incompetencia manifiesta de dicha Corte para conocer y decidir el referido caso. Así se declara". (destacado nuestro)
 
 
Por tanto, la Sala Político Administrativa declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones procesales cumplidas en el expediente N° 02-2535 de la CPCA y repuso la causa al estado de decidir sobre la admisibilidad del referido recurso de nulidad y la acción de amparo cautelar, ordenando la tramitación de un expediente con el objeto de dar curso legal al recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, medida cautelar de amparo constitucional y medida innominada subsidiaría de suspensión de efectos.


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